EL JUEZ VICTOR VIOLINI LIBERÓ A MÁS DE 2.300 PRESOS CON LA EXCUSA DEL CORONAVIRUS

En medio de la cuarentena que provoca la pandemia de Coronavirus a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud aconsejo la liberación de los presos de delitos no violentos, mayores de 65 años que se encuentren enfermos de tuberculosis, VIH, cáncer u otras enfermedades que pongan en riesgo su vida al ser expuesta al posible contagio de Covid19, siempre y cuando estén prontos a cumplimentar la pena establecida y que no hallan cometidos delitos violentos, para resguardar su vida.

Pero esto se volvió controversial debido a que un Juez de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Violini, firmo la liberación masiva de 2.300 presos de las cárceles bonaerenses y el pase a prisión domiciliaria bajo las distintas modalidades como lo es el monitoreo electrónico bajo la colocación de una tobillera transmisora de señal, sin tener en cuenta estas recomendaciones de la OMS, dado que entre los liberados se encontraban homicidas y violadores. Lo cual generó descontento en toda la sociedad y el repudio inmediato de la misma por parte de las organizaciones de familiares de víctimas y victimas de distintos delitos.

Durante los primeros días de abril, Violini consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes exigieron mediante un habeas corpus la liberación de un grupo de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías, en donde la principal razón esgrimida fue el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales.Entre ellos hay una serie de casos de abuso sexual infantil, en donde los acusados regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas.

Ante esta situación rápidamente el arco político nacional salió a manifestarse mayormente en contra de estas medidas si no se cumplen con las normativas vigentes. En ese sentido el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, manifestó que ya se dictaminó mediante una comunicación interna a la Oficina de la Víctima, que se encuentra bajo la órbita del Congreso de la Nación desde enero último, luego de que el Ministerio de Justicia le cediera esa potestad, que todos aquellos jueces que otorguen libertades y no cumplan con la Ley de víctimas, sean llevados a juicio político por su accionar.

Ahora bien, en un marco normal sin que medie una pandemia, para que un detenido obtenga la libertad se deben suscitar ciertas condiciones, como el cumplimiento de la pena impuesta o algún tipo de “morigeración” de la pena, como lo establece la ley penal argentina basada en el código penal y el código procesal penal, estas «morigeraciones» son la libertad asistida, la libertad condicional o los arrestos domiciliarios en sus formatos de control bajo monitoreo electrónico, o sin este pero bajo el control de un tutor familiar que se haga cargo de este y firme su consentimiento, debiendo cumplimentar con las normativas que establezca el patronato de liberados.

Por otro lado hay que destacar que el Servicio Penitenciario tanto el Federal como los distintos servicios penitenciarios provinciales, no tienen injerencia en la decisión que toman los jueces para otorgar estos beneficios a los detenidos, solo cumplen con lo ordenado por el juez que lo dictamino, llevando adelante los mecanismos y procedimientos establecidos para dar cumplimiento a esa orden, como por ejemplo si el detenido tiene causa abierta en otro jugado, se le debe solicitar a este si requiere que el recluso continúe bajo prisión o no.  

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *